El juez de Primera Instancia de Montecristi, César Darío Núñez Martínez, dictó este viernes seis meses de prisión preventiva a la exfiscal de Villa Vásquez, Carmen Lisset Núñez, y a cuatro exmiembros de la la DNCD, a quienes se acusa de colocar droga a una barbería en esa localidad el pasado 2 de este mes para incriminar a los jóvenes que se encontraban en el establecimiento.
Todos deberán cumplir la medida de coerción en la cárcel de Rafey de Santiago.
Además de la exfiscal, se acusa de asociación de malhechores, prevaricación y abuso de poder a los miembros de la Policía Nacional, al mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, al capitán Juan de Dios Heredia Martínez y al cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, así como al cabo de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Juan Antonio Arias Peguero. Todos estaban adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas cuando hicieron el operativo.
Los querellantes que alegan fueron perjudicados por un allanamiento irregular en la barbería El Maná son Otoniel Gutiérrez Cruz, Rafy Mejía, Carlos Miguel Escotto y Edabel de Jesús Peña.
El abogado de los querellantes, Félix Portes, dijo que estaban conformes con la decisión del juez, pues entienden que en seis meses el Ministerio Público podrá terminar la investigación, que ya está bien avanzada.
Otoniel Gutiérrez Cruz y Carlos Miguel Escotto, propietarios de la barbería el Maná, de Villa Vásquez, manifestaron su conformidad con la decisión del juez.
Mientras que la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez se negó a responder preuntas de los periodistas al terminar la audiencia.
El Ministerio Público estuvo representado por procurador de la Corte de Apelación Antonio de Jesús Báez, mientras que por la defensoría pública asistieron a la exfiscal Sheila Thomas y varias fiscalizadoras.
Al palacio de justicia asistieron decenas de residentes en Villa Vásquez y esta ciudad, quienes denunciaron que en más de una ocasión fueron víctimas con alegadas acciones ilegales que dirigió la exfiscalizadora, en ocasiones hasta llegó a extorsionar a prevenidos.
Los abogados de los imputados se reservaron el derecho que les otorga la ley para una eventual apelación de la disposición del juez de Primera Instancia que actuó en el caso.
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